Las mujeres jóvenes y el VIH/SIDA

Por Begoña Antón Gracia

El día de hoy, primero de diciembre, se celebra el Día Mundial de Lucha contra el SIDA; por lo tanto, esta es una ocasión más que propicia para conocer, difundir y tomar cartas en el asunto, como gobierno y sociedad, sobre la situación que experimentan millones de mujeres jóvenes en el mundo que viven con VIH o que están en riesgo de contraer el virus por motivos relacionados, principalmente,  a la discriminación y desigualdad de género.  

De acuerdo con ONUSIDA, se calcula que 11.8 millones de jóvenes  en el mundo viven con VIH/SIDA y, de manera alarmante, el 45% de todos los nuevos contagios a nivel mundial corresponde a personas de edades comprendidas entre los 15 y 24 años[i]. Evidencia demuestra que la juventud,  en su mayoría, no está debidamente informada  sobre el VIH[ii], principalmente sobre todos aquellos factores de riesgo de contraer la enfermedad. Lo anterior, no ha permitido contrarrestar la propagación de la pandemia de una manera homogénea e integral y, por lo tanto, eficaz.

Las mujeres jóvenes están siendo desproporcionadamente afectadas por el VIH/SIDA: cerca del 60% de las personas infectadas entre 15 a 24 años son mujeres[iii] y se estima que cada día se infectan cerca de 3, 720 mujeres jóvenes[iv], la mayoría de ellas no llegará a los 35 años de edad, debido a que no contarán con la atención médica adecuada e indispensable para hacer frente a la enfermedad[v]. En muchas partes del mundo, la prevalencia del VIH/SIDA entre las mujeres jóvenes duplica o triplica la de los hombres. De acuerdo con datos de ONUSIDA, en África del Sur la prevalencia entre las mujeres jóvenes es tres veces mayor a la de sus pares. En Asia, cerca del 95% de las infecciones entre la gente joven se concentra en las adolescentes y en el Caribe, donde las mujeres conforman el 50% de todas las infecciones, la prevalencia es especialmente alta entre las adolescentes y mujeres jóvenes[vi].

Por tal motivo, las adolescentes y jóvenes son, actualmente, el grupo poblacional de mayor riesgo y vulnerabilidad ante el VIH/SIDA, más aún cuando se encuentran en desventaja social o marginadas.  Si bien este panorama es per se crítico,  lo es aún más cuando los factores de riesgo de contraer el VIH están relacionados con la desigualdad de género y la discriminación contra la mujer.

¿A qué me refiero? En muchas partes del mundo, las mujeres jóvenes experimentan una doble discriminación, por ser mujeres y por ser jóvenes, y esto se manifiesta, por ejemplo: en que carecen de acceso a la educación y a los servicios de salud y educación sexual y reproductiva de calidad; son discriminadas en función del sexo y, por lo tanto, las reglas sociales e institucionales las relegan al último escalafón de la pirámide social, por lo cual no pueden negociar sexo seguro; o bien, las mujeres jóvenes son especialmente vulnerables de experimentar violencia sexual y de género, tanto en tiempos de paz como de conflicto, post-conflicto o post-desastres naturales, con el consecuente riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual, entre ellas el VIH. Lo más preocupante de todo, como lo ha asentado UNIFEM en diversos documentos, es que debido a las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, millones de adolescentes y mujeres jóvenes en el mundo no tienen el poder de decisión y control sobre sus cuerpos. Indiscutiblemente, ¡esto debe cambiar!

¿Qué es lo que podemos hacer como gobierno y sociedad ante tal panorama? Empoderar a las adolescentes y mujeres jóvenes en todas las esferas del desarrollo, tanto individual como colectivo. La respuesta no es simple, porque en ella confluyen un sinnúmero de situaciones y factores que se deben considerar  simultáneamente para lograr que las mujeres jóvenes conozcan y ejerzan efectivamente sus derechos, entre ellos los relacionados a la educación, la salud, a una vida libre de violencia y, de manera prioritaria, a decidir sobre su cuerpo.  Difícilmente se podrán revertir las altas tendencias de transmisión del VIH entre la gente joven, en especial entre las mujeres jóvenes, sin estrategias focalizadas a empoderarlas y posicionarlas ante gobierno y sociedad.

En agosto pasado, en el marco del Foro de Mujeres Jóvenes, organizado por UNIFEM durante la Conferencia Mundial de la Juventud, celebrada en México, del 23 al 27 de agosto, jóvenes panelistas presentaron una serie de recomendaciones para atender de manera específica la situación de millones de mujeres jóvenes en el mundo que viven con VIH/SIDA o que están potencialmente en riesgo de contraer la enfermedad. Entre dichas recomendaciones, detallo a continuación las que considero más apremiantes:  

a)    Conocer la realidad a nivel local, tomando en cuenta la diversidad de entornos y contextos en los cuales se desenvuelven las mujeres jóvenes. Esto permitirá  recabar información sobre los factores de riesgo de contraer la enfermedad o bien sobre las necesidades específicas de las que viven con VIH. La información  y evidencia cuantitativa y cualitativa es fundamental para la adecuada integración de las respuestas nacionales sobre la pandemia. Este es un punto que los gobiernos nacionales y locales deben considerar como prioritario, debido a que en muchas políticas públicas y estrategias nacionales sobre el VIH/SIDA, la situación de las adolescentes y mujeres jóvenes simplemente está ausente. En suma,  los responsables de elaborar las políticas públicas sobre  VIH/SIDA deben considerar la perspectiva de juventud como asunto prioritario.

b)    Transformar actitudes, prejuicios y  estereotipos en torno a las relaciones de género y la salud sexual y reproductiva.  Es decir, las respuestas nacionales sobre la pandemia no deben abordarse exclusivamente desde el punto de vista de salud pública. La inclusión de estrategias para transformar las relaciones entre hombres y mujeres son fundamentales para cambiar actitudes y valores que discriminan a la mujer, en especial a las adolescentes y jóvenes. Incluir la perspectiva de género es un elemento indispensable para lograr que las respuestas nacionales sobre VIH/SIDA sean efectivas en el corto y largo plazo.    La participación e involucramiento de los hombres y jóvenes varones es parte esencial en este proceso.

c)    Empoderar a las mujeres jóvenes, especialmente a las que viven con VIH/SIDA, para que participen en los procesos de discusión y toma de decisiones, tanto a nivel nacional como internacional, sobre todos aquellos asuntos relacionados con el VIH/SIDA.  Los gobiernos desconocen esta realidad en gran parte porque sus jóvenes, especialmente los que viven con VIH,  no tienen acceso a las tribunas donde se aborda este tema.  La participación de las y los jóvenes es fundamental para que las respuestas nacionales consideren sus derechos y necesidades específicas.

El VIH/SIDA tiene cara de mujer joven. Unamos esfuerzos, como individuos y colectividad, para cambiar esta realidad.

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[i] ONUSIDA. Situación de la epidemia del SIDA. 2008.

[ii] ONU. Objetivos de Desarrollo del Milenio. Informe 2009. NY, ONU, 2009.

[iii] Joint United Nations Programme on HIV/AIDS/World Health Organization. 2009, AIDS Epidemic Update. http://data.unaids.org/pub/Report/2009/JC1700_Epi_Update_2009_en.pdf y en http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs334/es/index.html

[iv] UNFPA/YMCA. Capacitación de mujeres jóvenes para liderar el cambio. YMCA, 2006, p. 36.

[v] UNFPA/YMCA. Capacitación de mujeres jóvenes para liderar el cambio. YMCA, 2006, p. 36

[vi] UNIFEM. Fact Sheet on Young Women. www.unifem.org

Seguridad pública y reforma policial en las Américas: ¿Progreso o retroceso en las respuestas gubernamentales y sociales?

John Bailey
Lucía Diammert
(Resumen)

El propósito de la lectura es analizar, mediante los estudios de caso de Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, México y Estados Unidos, la aplicación de diversas políticas públicas encaminadas a mejorar los sistemas de seguridad pública y a reformar a las policías.  El éxito o fracaso, o bien la aceptación o rechazo de dichas políticas públicas,  ponen de manifiesto diversos elementos a considerar:  

a)    La seguridad pública y la reforma policial son procesos esencialmente políticos en múltiples sentidos. ,  En un contexto democrático,  la opinión de los ciudadanos se convierte en factor determinante.  Por ejemplo, los autores mencionan que diversos sondeos de opinión ubican al tema de la seguridad pública entre las tres principales preocupaciones del ciudadano de AL; además de que el latinoamericano tiene una percepción negativa con respecto a las policías y a los sistemas judiciales en general.

b)    La política también se trata de poder, de cómo éste se distribuye y a quién beneficia. Lo anterior, resulta de particular importancia porque la seguridad es un bien público del cual toda la sociedad debe resultar beneficiada. En el caso de AL, resulta evidente que los grupos de interés ejercen presión y logran influenciar, directa o indirectamente, la formulación de las políticas públicas en materia de seguridad.

c)    La política involucra el conflicto partidista, lo que a su vez involucra a la burocracia y a la administración pública.

d)    La política trata de imágenes y símbolos: en materia de seguridad pública, los gobiernos, ante la incapacidad y poca capacidad de respuesta para proveer seguridad de calidad, han ofrecido al ciudadano una certeza simbólica. El simbolismo surte efecto en el corto plazo y puede dotar a los gobiernos del tiempo que requieren para lograr reformas sustanciales.

e)    Las mejoras duraderas  de los sistemas de seguridad pública y de las policías son a largo plazo.

De la aplicación de las políticas públicas en materia de seguridad y reforma policial en los países arriba mencionados, se desprenden varias lecciones:

1.    Los gobiernos requieren de información precisa, confiable y útil.  La escasez de información oportuna y útil repercute en la ejecución de las políticas públicas, especialmente en las policiales.  Lamentablemente, este ha sido un rasgo distintivo de AL, toda vez que los gobiernos  operan en medio de información incompleta y distorsionada. La desinformación produce miedo en la sociedad y ésta puede ser fácilmente manipulada para apoyar políticas públicas de mano dura en contra del crimen, lo que, en un contexto latinoamericano, puede propiciar violaciones a derechos humanos.

2.    Existe una brecha que separa el conocimiento de las políticas públicas, entre las “formas de conocer” y las “formas de actuar”. El conocimiento de las ciencias sociales no necesariamente se traduce en un conocimiento útil para la elaboración y diseño de políticas públicas adecuadas. Esta brecha ha dado lugar a la importación de ideas y experiencias de otros países, lo que ha sido una práctica recurrente en AL no siempre con resultados positivos. En este sentido, para que un modelo extranjero sea útil en otro contexto, es necesario que se ajuste a las circunstancias locales. Dicho ajuste tiene lugar cuando las condiciones locales son descritas con precisión mediante datos y metodologías adecuadas para tal efecto.

3.    La reforma de la seguridad pública es un proceso interdependiente, principalmente con la administración de justicia, en donde varios actores están involucrados: gobierno, sociedad civil y el sistema internacional. Las fases que componen este proceso son: prevención del crimen, investigación y consignación, acción judicial, sanción y rehabilitación-reintegración.  En el caso de la prevención, es importante señalar que funciona mejor cuando la ciudadanía muestra una cultura cívica participativa.

4.    Cualquier reforma de seguridad debe interpretarse como un todo, en donde las partes necesitan atenderse simultáneamente dentro de un marco de planeación. Los autores definen la planeación como “un sistema más o menos coherente de objetivos de políticas mesurables relacionados con una estrategia de implementación que conecta actividades específicas con agencias, que vincula la estrategia y las agencias con la presupuestación y distribución de recursos proveyendo los indicadores de desempeño y los mecanismos de ajuste”. En el caso de AL, lo sautores no encontraron esfuerzos serios de planeación y, de los que se tiene cuenta, no han derivado en mejores prácticas. 

5.         La coordinación entre las agencias públicas involucradas en el tema de la seguridad es
            fundamental, pero difícil de alcanzar en el marco de sistemas federales o unitarios.